Reducción del presupuesto de educación pública: Una amenaza para la calidad educativa en Costa Rica
La reciente reducción del 8% en el presupuesto de educación pública en Costa Rica ha generado preocupación y malestar entre las organizaciones estudiantiles, sindicatos y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
La reducción del 8% en el presupuesto de educación pública
La educación pública en Costa Rica ha sufrido recientes recortes presupuestarios que han generado preocupación y malestar entre los estudiantes, los sindicatos y el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Además, el Gobierno decidió no aumentar el presupuesto en un 1% para compensar la inflación en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2023.
Los recortes presupuestarios y la falta de reconocimiento de los acuerdos previamente establecidos representan un retroceso en el avance de la educación en el país.
El Gobierno había prometido un aumento del 1% durante las negociaciones del año pasado, considerando la inflación real de 2022, que fue del 7,88%. Sin embargo, ahora se argumenta que el recorte presupuestario se debe a una reducción en la partida destinada al pago de intereses, realizada por la Asamblea Legislativa.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha culpado a los diputados de la Asamblea Legislativa por no cumplir con el acuerdo, ya que el presupuesto para el año 2023 recibió un recorte de 81.139 millones de colones en la partida de pago de intereses.
Fondos retribuidos
Los fondos fueron redistribuidos a otros rubros de gasto, lo que generó críticas y descontento por parte de las organizaciones que defienden la educación pública.
Las organizaciones estudiantiles y sindicales han convocado a una marcha en defensa de la educación pública para expresar su rechazo a estos recortes presupuestarios. Consideran que esta reducción amenaza la calidad educativa y viola el mandato constitucional que destina un 8% del PIB para la educación pública.
La situación se agrava aún más con los recortes adicionales propuestos por el Gobierno, que afectarían para financiar otros sectores, como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Paz. Estos ajustes presupuestarios plantean serias interrogantes sobre el crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo en Costa Rica.
Por su parte, Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), ha destacado que esta es una convocatoria para toda la sociedad, ya que esta situación afecta a todos.
Es por sus hijos, por su futuro, por las familias y por el Estado Social que este gobierno está desmantelando
Es necesario que se escuchen las voces de los estudiantes, los docentes y la sociedad en general. La educación pública es un pilar fundamental para el desarrollo de un país y no se debe sacrificar en tiempos de dificultades económicas.
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