Conflicto interétnico por la tenencia de la tierra en los territorios indígenas de Costa Rica

Publicado el 17 marzo 2023

La situación conflictiva con respecto a la tenencia de las tierras entre indígenas y no indígenas en Costa Rica es un asunto que lleva desde tiempos precoloniales (durante el proceso de conquista en el Valle Central: 1560-1574), pues los pueblos nativos de la época fueron obligados por los españoles a abandonar sus tierras y ser concentrados en pueblos o cabildos de indígenas. Posterior a la independencia de España en 1821, este tipo de conflicto también estuvo presente hasta la actualidad. Por lo tanto, ¿en qué consiste este conflicto? ¿Cuáles son los pueblos indígenas que están actualmente en conflicto por la tenencia de sus tierras? ¿Cuál ha sido el papel del Estado costarricense ante este conflicto?

Descripción de los 24 territorios de los 8 pueblos indígenas en Costa Rica

Según el censo del 2011, en Costa Rica el 2.4% de la población total del país se autoidentifica como indígena, lo cual equivale a 104.143 de personas que habitan en el territorio nacional; sin embargo, de este número sólo hay 78. 073 personas indígenas que pertenecen a los 8 pueblos autóctonos que hay en Costa Rica (Profe Carlos Chaves, 2020, 0:19). Esto es demasiado poco si se compara con otros países como Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú en donde su población indígena representa cerca del 40% de su población total (Yis-wa, 2021, 0:34).

 Estos 8 pueblos, pertenecientes a la familia Chibcha, están repartidos en 24 territorios del país, los cuales son: los bribris, que habitan en la región de la cordillera de Talamanca y localidades en Salitre y Cabagra en el cantón puntarenense de Buenos Aires, también en la región del sureste de la vertiente Atlántica o Caribe del país; de este pueblo se derivan y conforman 13 clanes. Los cabécares, los cuales habitan también en Talamanca y están más alejados de las localidades de no indígenas.  

Asimismo, los maleku o guatusos son el pueblo que está ubicado en la parte más septentrional del país. Los bruncas o borucas están en la reserva homónima en el suroeste del país, en el cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, la cual en 1956 se decretó como una reserva indígena en el país de manera legal, la Boruca-Térraba (Alonso, 2021, párr. 8). Los ngäbe o guaymíes, quienes provienen de Panamá, y que por ende están asentados en zonas como Coto Brus y la península de Osa, por ejemplo. 

Los chorotegas, por su parte, habitan en la actual provincia de Guanacaste y un sector de Puntarenas; los térraba-bröran, quienes habitan en la localidad homónima en Puntarenas (Profe Carlos Chaves, 2020, 0:40). Este último pueblo viene de los térrabas-naso, los cuales fueron introducidos desde Panamá a Costa Rica por los españoles durante la época colonial. Por último, los huetares, quienes se asentaron en el Valle Central y actualmente habitan en Quitirrisí y Zapatón (Yis-wa, 2021, 3:57).

Sobre el conflicto de la tenencia de tierras indígenas

El conflicto de la distribución de la tierra entre indígenas y no indígenas en los territorios indígenas consiste, en términos básicos, en que personas no indígenas o que no pertenecen a ninguno de los 8 pueblos autóctonos del país se asentaron en territorios en donde estaban estos 8 grupos, por lo tanto, los que sí son indígenas se ven ante una situación de invasión de su territorio o en el peor de los casos, en una situación en que son desalojados de sus propias tierras. Es aquí en donde los indígenas comienzan una lucha por recuperar sus territorios, y en donde han acudido a medidas tanto por la fuerza física como por la vía legal. 

Los pueblos indígenas se han visto forzados a tener que emigrar a otros territorios, cuestión que también ha sido conflictiva para otras personas asentadas en zonas diferentes al Valle Central. Por esta razón se llevaron a cabo una serie de medidas con respecto a la distribución de estas tierras, para que los indígenas pudieran tener un lugar en donde asentarse, vivir, producir, y demás; sin embargo, esto no sería hasta 1977, ya que durante el siglo XIX -específicamente en 1835- las tierras comunales indígenas fueron privatizadas, y en 1847 los mestizos dedicados a la producción agrícola llegaron a ser propietarios de tierras que antes eran de indígenas, esto a través de la abolición de los cabildos indígenas (Payne Iglesias, 2021, 61).

En la actualidad este conflicto sigue vigente, ya que tal y como afirma Judit Alonso (2021) con respecto a la respuesta de los indígenas:

Han pasado décadas desde que el gobierno costarricense garantizó a los pueblos originarios del país que recuperaría sus tierras. Entretanto, estos se reagrupan por su cuenta y llevan a cabo reapropiaciones de territorios que un día fueran [sic.] suyos y que actualmente están en manos de ganaderos.

(párr. 1)

Esto, debido a que como es de esperar, los indígenas en Costa Rica se cansaron de no ver resultados positivos para ellos a pesar de la existencia de la Ley Indígena 6172, la cual se decretó el 20 de diciembre de 1977. Con esta ley “el estado costarricense reconoce oficialmente la propiedad y tenencia de los territorios indígenas en el país” (Ixchíu, 2020, párr. 8), obviamente para las comunidades indígenas; no obstante, esta ley rigió a partir de esta fecha en adelante, ya que los no indígenas asentados desde antes de que la Asamblea Legislativa aprobara esta ley no podían ser desalojados. 

Sin embargo, aun después de la aprobación de esta ley hasta la actualidad el cumplimiento ha sido casi nulo o parcial, pues todavía han habido no indígenas que se han asentado en tierras pertenecientes a comunidades indígenas, esto por parte de diversos sectores de la población no indígena del país. Asimismo, ante esta lucha, líderes indígenas que se han levantado para recuperar sus territorios y propiedades han sido asesinados (Ixchíu, 2020, párrs. 9-13). Esto es un ejemplo, de que este conflicto no solo es extenso en su duración, sino también en su complejidad, ya que aun vidas humanas están siendo perjudicadas por dicho conflicto, en el que se ha presentado casos de criminalidad y violencia, y en el cual el Estado ha sido tardío para mediar con eficacia.

Los usos que estos grupos asentados realizan son de ganadería y plantación de piña, lo cual ha sido un gran detonante para que los pueblos indígenas -como los bribris, por ejemplo- se manifiesten y resistan como respuesta ante esta situación (Méndez Montero, 2019, párr. 7). El Estado también ha sido responsable sobre la vigencia del conflicto, ya que sus medidas han sido débiles y pobres en utilidad. Y aunque este artículo no tiene el propósito de desacreditar los gobiernos de turno del pasado o durante la última década, sí tiene el propósito de analizar críticamente la situación que rodea a este fenómeno en estudio, ya que se trata de un conflicto que, sin duda, debió resolverse desde antes. 

En suma, tanto el Estado en general como las instituciones responsables no han efectuado medidas que prioricen esta situación para darle una debida resolución en lo pronto, y que mejore las condiciones de los pueblos indígenas desde los derechos humanos o, específicamente, de los derechos de las personas indígenas en Costa Rica (Schliemann, 2012, pp. 178-179).

Asimismo, ante los casos de violencia, el Estado ha sido poco reactivo, sumado a la invisibilización de los casos de criminalidad contra la vida de líderes indígenas que han luchado para recuperar sus territorios; un ejemplo de esto fue el caso de Sergio Rojas Ortíz en 2019, quien fue uno de estos líderes indígenas, específicamente bribri; o el asesinato de Jhery Rivera en 2020, cuya resolución de este caso sigue a la espera. Como dato adicional, estos dos solicitaron en el 2015 una medida cautelar a las Naciones Unidas de Costa Rica para la protección contra la violencia que estaban sufriendo los pueblos indígenas (Alonso, 2021).

En suma, los no indígenas asentados en estas tierras lo que pagan a los indígenas son cuotas miserables, en las cuales “aprovechan la situación de vulnerabilidad y miseria que en muchas ocasiones acompaña la vida de estas poblaciones [indígenas]” (Méndez Montero, 2019, párr. 5). Por lo que también esta causa ha sido detonante del descontento de las comunidades indígenas amenazadas y explotadas por los no indígenas asentados en sus tierras.

Por último, la crisis sanitaria que provocó la pandemia del COVID-19 a partir del 2020 provocó que cesaran o que se detuvieran las actividades que los pueblos indígenas pretendían realizar para llevar a cabo a favor de sus derechos de tenencia de sus tierras (Alonso, 2021), lo cual significó un factor que les desanimó, pero que a la vez alentó a que ante la pausa se buscaran nuevas estrategias para lidiar con esta situación por parte de las comunidades indígenas.

Consecuencias del conflicto por la tenencia de las tierras indígena

Las consecuencias de este conflicto han sido asesinatos de población indígena que lucha para recuperar sus tierras, por lo que se ha desatado casos de criminalidad, los cuales el estado costarricense no ha tomado como alarmantes o anunciantes para intervenir de forma eficaz para detener esta situación problemática entre estos grupos. 

Otro ejemplo de esto, son los casos de mujeres, niñas y niños que han recibido golpes físicos por parte de no indígenas, por el hecho de que estas primeras defienden sus territorios de la invasión de personas no indígenas (UNFPA COSTA RICA, 2021). Asimismo, como efecto colateral, instituciones -como la Universidad de Costa Rica- se han reunido durante la última década para denunciar estos casos y marchar a favor de la justicia ante casos como el asesinato del líder bribri Sergio Rojas Ortíz (Méndez Montero, 2019).

Sin embargo, el gobierno de turno pasado afirmó destinar dentro de su presupuesto el monto de 3. 200 millones de colones para iniciar un plan de proceso de indemnización de tierras indígenas, el cual consiste en devolverle las tierras a las comunidades indígenas debido a la deuda histórica que el país desde sus diferentes gestiones ha tenido con las 8 comunidades o pueblos indígenas en el país; cuya condición es que no podrán alquilar ni vender dichas propiedades (Costa Rica: Gobierno del bicentenario…, 2022). 

En suma, dicho presupuesto proviene del Instituto del Desarrollo Rural (Inder) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los cuales están involucrados en el Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas (Costa Rica: Gobierno del bicentenario…, 2022), el cual fue creado desde el año 2016 y ha realizado actividades como añadir 1593 propiedades a la lista dentro del proyecto, también “se han construido 208 mojones, se han efectuado censos, entre otras acciones” (Swissinfo.ch., 2022, párr. 8). Sin embargo, a pesar de todo esto

Ante el anuncio del Gobierno de que empezará el proceso para recuperar tierras indígenas con ¢3. 200 millones para indemnizaciones, los indígenas consultados expresaron sus cuestionamientos, entre ellos cuál fue el proceso para determinar si los que serán indemnizados eran poseedores de ‘buena fe’ y cuántas hectáreas se están recuperando con ese monto

Pomareda García, 2022, párr. 1

Con respecto a la cita anterior, se debe reconocer que dichos cuestionamientos expresados por estas comunidades son válidos debido al historial del conflicto ya antes expuesto. Asimismo, como otra consecuencia, la autonomía de los pueblos indígenas ha sido violentada (Schliemann, 2012), debido a la invasión aun en este aspecto por parte de los no indígenas.

Por último, se puede agregar a la lista de consecuencias el factor de la desconfianza por parte de las comunidades indígenas ante las promesas del Gobierno, debido a la ineficiencia de antaño; por lo tanto, sin duda, esto implica una razón más para que el Estado de Costa Rica priorice este proyecto de indemnización de tierras indígenas, y comience a efectuar las medidas pertinentes tanto en presupuesto y todo lo que a ello compete para que sea una realidad la devolución de tierras que pertenecen por derecho tanto cultural como histórico y legal a los pueblos indígenas que hoy viven en condiciones de vulnerabilidad debido a este fenómeno.

En conclusión, los 8 pueblos indígenas en Costa Rica distribuidos en 24 territorios necesitan que el Estado les priorice en sus proyectos de recuperación e indemnización de tierras indígenas, debido a que esta ha sido una situación de conflicto con los no indígenas durante siglos, por lo que el Estado debe hacer valer y cumplir lo dictado y aprobado por la Asamblea Legislativa el 20 de diciembre de 1977, con la Ley Indígena 6172, la cual garantiza esta restitución de tierras para las comunidades indígenas; sin embargo el largo incumplimiento e ineficiencia por parte de los distintos gobiernos de turno que ha habido en el país con respecto a este tema ha agravado la situación, debido a que los casos de violencia perpetrados por personas no indígenas contra nativos ha aumentado en los últimos años, por lo que es necesario que el Estado solucione dicho conflicto con la mayor brevedad posible.

De igual manera, como efecto dominó, si se solucionan las causas se solucionan las consecuencias, por lo que si el Estado se pone manos a la obra en cumplir con estos proyectos y hacerlos realidad para las comunidades indígenas, se habrá logrado bastante con respecto a las soluciones de este conflicto. Asimismo, el fortalecimiento de la gestión de las instituciones encargadas de velar por este proyecto de indemnización, asegurando la eficacia de las funcionalidades y sancionando los actos corruptos dentro de las organizaciones pertinentes al caso.

Ciertamente, el Estado costarricense tiene una deuda histórica con las 8 poblaciones indígenas en el país, y para remediarlo se deben efectuar medidas eficaces que garanticen no solo la resolución del conflicto, sino también el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas nativas, procurando no sólo la devolución de terrenos, sino también garantizando una vida de calidad en dichas tierras, en donde incluso no se invisibilicen actos de venganza o represalia por parte de los grupos de personas no indígenas alrededor de estas comunidades rurales en el país.

Enoc Enmanuel Salazar Lezama

Estudiante de Historia, Universidad de Costa Rica

Marzo, 2023

Soy guionista, director y productor de cine. Hago cortometrajes de ficción y documentales biográficos e históricos, los cuales publico en el canal de YouTube de mi productora llamada TRECHO Producciones Audiovisuales; este es el link en donde pueden ver mis trabajos:

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